Editorial No. 2

Nunca antes en la historia de un país se había conocido un hecho similar: que un centenar de congresistas estuvieran investigados por paramilitarismo y algunos, condenados ya, aunque con penas irrisorias y con la benevolencia de ubicarlos en sus regiones, donde, dado su poder, podrán evadir las condiciones que el régimen impone a otros prisioneros.

En un Estado serio, cuyos representantes tuvieran un mínimo de vergüenza, ya habrían asumido, por lo menos, su responsabilidad política, pues estos criminales estaban militando en partidos, más del 90% lo hacían en el uribismo, ellos y otros que siguen vociferando desde el régimen y que fueron quienes aprobaron la reelección con asquerosas prebendas ordenadas por su jefe. Los votos de estos genocidas, conseguidos con masacres, desapariciones, desplazamientos y terror estatal, son los que llevaron y mantienen a Uribe en el poder, señor éste que, sin inmutarse y en su cinismo, sigue pavoneándose y engañando a la patria, diciendo que el país va bien. En lugar de asumir su responsabilidad por estos acontecimientos, intenta quitarle poder a la Corte -institución que sí ha venido asumiendo su papel con entereza-, queriendo crear quizá una súper corte, que hasta aspira a presidir.

Tal vez Uribe no tenga la culpa de que su papá haya sido narcotraficante y de que su primo sea paramilitar, pero el hecho de que sus socios de gobierno, sus asesores, su partido y su propia historia estén plagados de narco-paramilitarismo hasta la médula, avergüenza a todos los colombianos serios y, que siga en la presidencia, es un pésimo ejemplo para nuestras nuevas generaciones.

El pueblo tendrá que levantarse, así como lo han hecho algunas de las víctimas de su primo, para honrar la patria y la dignidad.