Colombianos y colombianas por la paz están haciendo renacer la esperanza de un país que siente, en lo más profundo de su ser nacional, que su destino histórico no puede estar ni en la guerra ni en el sometimiento indefinido a un régimen corrupto e injusto, eminentemente militarista, guardián de los intereses políticos de una minoría oligárquica y de una elite privilegiada, antidemocrático, excluyente socialmente, sordo a las angustias de las mayorías nacionales e insensible ante los reclamos y necesidades del pueblo. Estamos seguros y convencidos de que otra Colombia es posible y que una patria nueva se puede forjar entre todos, con alternativas políticas hacia la elaboración del proyecto de una nueva sociedad, más equilibrada, incluyente y justa.
Los familiares de los militares y policías en poder de las FARC-EP se oponen al rescate a sangre y fuego y reclaman el intercambio humanitario. La solución a la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombiano demanda más compromiso y participación de todos los sectores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país. Aún cuando sean alarmantes las consecuencias de la resistencia al poder “no es menos cierto que existe en la naturaleza del hombre social un derecho inalienable que legitima la insurrección”. En tal virtud, la aspiración debe ser la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la creación de un acuerdo humanitario que permita la liberación de retenidos políticos y retenidos de guerra que están en poder de la insurgencia armada, de las FARC-EP y, al mismo tiempo, la libertad de los presos políticos pertenecientes a esta guerrilla que estén bajo jurisdicción del Estado.
Consideramos que ya existe una corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que genera una controversia democrática por medio de exhortar a la convivencia fraternal y pacífica, dentro de una nueva ética social. El diálogo epistolar sobre el problema de la guerra y la paz reúne cada día a más colombianos y colombianas y suscita la adhesión de varios sectores y organizaciones, así como a personalidades del mundo, bajo la certeza del carácter político que reviste la confrontación.
3 comentarios:
¿Por qué soy rebelde?; ¿Por qué centro mi lucha en la guerra armada?;¿Existen otros medios de lucha contra el sistema?;¿Cómo se obtiene el beneplácito del pueblo sin corromperlo, ni someterlo a terror?;¿someter al pueblo es repetir la injusticia del soberano?;¿Puede crearse un Estado paralelo al Estado que se pretende transformar?.... éstas y todas vuestras preguntas deben ser resueltas por aquel que desee la Paz como el más preciado de todos los bienes humanos.
saludos desde Perú
Fraternalmente,
Partido Comunista Clandestino Peruano
PCCP
COMUNICADO PUBLICO
Los presos políticos recluidos en la prisión de Palmira-Valle hacemos pública nuestra voz de protesta frente a los atropellos y anomalías que sufrimos a diario, no solo de esta prisión, sino de todo el país.
El gobierno, los legisladores del congreso, operadores judiciales, son responsables de la catastrófica situación por la que atravesamos los presos colombianos que hemos sido encorralados en las 160 mazmorras que recuerdan los tiempos de exterminio del nazismo.
El desbordado hacinamiento en las prisiones se debe a que la política criminal y el sistema penal han sido diseñados no para resocializar a los infractores de las leyes sino, para infringir castigos a los opositores al régimen y a los que por necesidad o ignorancia atentan contra el bolsillo y los bienes de los ricos y los intereses de las empresas que saquean los recursos de nuestro país.
En la mayoría de las prisiones el hacinamiento llega al 300%, que además de las condiciones indignas de vida, de higiene, de alojamiento, se suma la desidia y la falta de personal del IMPEC quedando los presos abandonados en corrales y sin saber que hacer para acceder a sus derechos.
La rama judicial es una fabrica macabra de presos, pareciera que les pagan su salario según el numero de condenados, generando mas y mas hacinamiento, el que se agudiza por la acción cómplice y omisiva de directivos y funcionarios del IMPEC que ahora someten a subasta los permisos para trabajar y descontar pena, que demoran meses y años los tramites y procedimientos para los beneficios jurídicos y administrativos, por la acción policiva y carcelaria de los jueces de ejecución de penas, que tratan a los presos con odio, como si fueran sus enemigos personales, negando las pocas leyes de descongestión, como el 10% de la ley de justicia y paz, la prisión domiciliaria o la libertad condicional.
La vida en prisión se ha convertido en una tragedia, sin servicio de salud, sin alimentación adecuada, sin fuentes de trabajo, mientras se enriquecen las pandillas de contratistas como CAPRECOM y los que suministran la comida.
Sobre los teléfonos, el IMPEC tiene como detectar los extorsionistas; lo que en verdad les duele es que los presos no usan sus teléfonos cuyas tarifas son usureras porque los contratistas son revendedores de minutos y son a altos directivos del mismo IMPEC, debido a los altos costos es que los presos buscan como comunicarse con sus familias de manera económica ósea a como vale el servicio en la calle, como lo cobran los operadores que controlan este mercado.
La crisis carcelaria no solo afecta a los 130.000 presos, sino a su entorno que abarca 1’200.000 colombianos.
Se requiere de una acción inmediata del Estado que le baje la presión a la situación antes de que se produzca un estadillo social.
Es hora de que mediante decreto presidencial, para superar esta crisis de hacinamiento, se otorgue a todos los presos una rebaja de un 20% de las condenas y se le ordene al IMPEC y a los jueces de penas su acatamiento.
No olviden los gobernantes, legisladores, operadores judiciales y dueños del país que las penas desproporcionadas y las condiciones inhumanas y humillantes de prisión, solo generan mas rencor y resentimiento y siguen deslegitimando este régimen corroído por el gansterismo y la corrupción.
Nos unimos a la gran jornada nacional de protesta que ya comenzó en algunas prisiones, las que se irán agrandando hasta lograr por la presión de todos los presos y del pueblo en general que se deshacinen las prisiones por medio de una rebaja del 20% las condenas.
LOS PRESOS POLITICOS NO SOMOS DELINCUENTES, SOMOS LUCHADORES DEL PUEBLO.
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